Los demandantes pretenden que el Parlamento Europeo ayude a clarificar qué sucedió realmente en esta escala y determinar si España violó la política de sanciones hacia Venezuela que prohíbe la entrada en territorio europeo de las principales personalidades del régimen chavista.
La comisión de peticiones de la Eurocámara es el organismo al que los ciudadanos pueden acudir para denunciar violaciones del derecho comunitario. Según ha sabido ABC, la propuesta de este grupo de ciudadanos que cuenta con ambos pasaportes ya ha entrado en el registro del Parlamento. Si su petición es atendida, la propia Comisión Europea deberá acudir a definir su posición sobre el asunto. Hasta ahora, el ejecutivo comunitario ha reiterado que el control de fronteras y la aplicación de las sanciones acordadas por la UE son competencia de los países miembros.
En su argumentación, los demandantes citan, entre otras cosas, una sentencia de 2017 del Tribunal Europeo de Luxemburgo en la que se dice que «los aeropuertos de los Estados miembros forman parte del territorio de la Unión» y que «ninguna disposición en los Tratados excluye las zonas de tránsito del ámbito territorial de aplicación del derecho de la Unión ni prevé ninguna excepción relativa a ellas». También citan una sentencia de 1996 del Tribunal Constitucional español en la que se afirma claramente que «no cabe deducir que la llamada zona internacional del aeropuerto no sea territorio español».
La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo está presidida por la diputada popular española, Dolors Montserrat.
