Por Socorro Monegro
La Procuraduría General de la República, a través de la Dirección de Prisiones, inició ayer (Viernes Santo) a poner en libertad a todos los reclusos que ya tienen penas cumplidas, sin primero someter a esas personas a la prueba del COVID-19, lo que podría convertirse en un foco de contaminación en los barrios del Gran Santo Domingo, aumentando así el número de enfermos y muertos.
Según los reclusos, en el penal han muerto cerca de ocho internos, aunque las autoridades dicen que sólo cuatro han perdido la vida. Luego de las primeras muertes Salud Pública y la Procuraduría anunciaron que ya habían intervenido el centro penitenciario y que habían practicado pruebas a una gran parte de los reclusos, de los cuales unos 49 habían resultado positivo.
Ayer murieron otros dos reclusos de ese penal, contagiados con el COVID-19, uno de los cuales supuestamente estaba internado en un centro de salud de la ciudad capital, sin que las autoridades de Salud Pública y la Procuraduría hayan iniciado la intervención de ese centro penitenciario con la realización de pruebas a los internos y a los miembros de la Policía de puesto allí.
Los afectados son llevados al consultorio del penal y sólo son movidos de allí cuando caen en estado de gravedad, lo que ha motivado que todos ellos hayan muerto en las ambulancias antes de llegar al centro de salud donde son trasladados.
Los residentes en los barrios populares del Gran Santo Domingo solicitan a Salud Pública continuar el proceso de realizar pruebas a los internos y al personal de servicio en La Victoria con los fines de paralizar los niveles de contaminación en el lugar y en consecuencia, las muertes que se están produciendo diariamente entre los presos.
Sin embargo, los sometidos a las pruebas fue una ínfima cantidad, con relación a los 9 nueve mil prisioneros en el lugar, que fue lo que provocó el motín de esta semana en el penal, debido a que muchos de los recluidos tienen síntomas de estar contagiados con el COVID-19, sin ser atendidos con la realización del examen y mucho menos con las atenciones médicas.
Y solicitan además que todos los internos que son liberados sean sometidos al proceso de pruebas de COVID-19, para que sean aislados y tratados y así evitar que continúen elevándose los niveles de contaminación con la enfermedad que tiene paralizado el país por casi un mes, provocando grandes dificultades a las personas que viven del día a día para sostener a sus familiares.
Es después del motín que la Procuraduría ha dispuesto la libertad de los internos que ya tienen sus penas cumplidas, pero la preocupación en los barrios populares es porque todas esas personas son lanzadas a las calles sin un diagnóstico de su estado de salud que despeje cualquier duda sobre la contaminación del COVID-19.
