Denuncio ante el mundo y pueblo boliviano que un oficial de la policía anunció públicamente que tiene instrucción de ejecutar una orden de aprehensión ilegal en contra de mi persona; asimismo, grupos violentos asaltaron mi domicilio. Los golpistas destruyen el Estado de Derecho.— Evo Morales Ayma (@evoespueblo)
November 11, 2019
El líder cívico
Luis Fernando Camacho, que tras los acontecimientos de las últimas semanas ha saltado a la esfera política nacional, confirmó lo que ya había adelantado el exmandatario: «Confirmado!! orden de aprehensión para Evo Morales!! La policía y los militares están buscándolo en el Chapare, lugar donde se escondió. Los Militares le quitaron el avión presidencial y está escondido en el Chapare, van por él!».
Confirmado!! orden de aprehensión para Evo Morales!!
La policia y los militares están buscándolo en el Chapare, lugar que se escondió.
Los Militares le quitaron el avión presidencial y está escondido en el chapare, van por el!
¡JUSTICIA!#NadieSeRinde #Bolivia— Luis Fernando Camacho (@LuisFerCamachoV)
November 11, 2019 Evo, como lo llaman sus seguidores bolivarianos, se refugia en Chapare una de las 16 provincias del departamento de Cochabamba, una ciudad ubicada en el centro del país con una población de 393.408. Es una zona por excelencia cocalera y bastión político de Morales quien dio su apoyo al crecimiento y la producción de la coca en la región. Ayer desde allí señaló que varios grupos violentos asaltaron su domicilio.
Camacho ha pedido a los bolivianos seguir con los paros y las medidas de presión durante al menos otros dos días para que se pueda recobrar la estabilidad política del país. Asegura que habrá juicios contra Morales y otras autoridades de su Movimiento Al Socialismo (MAS). El candidato opositor Carlos Mesa, en cambio, con un perfil más político y equilibrado instó a la Policía y a las Fuerzas Armadas a «garantizar y preservar el orden en todo el territorio» por un riesgo importante de hechos violentos provocados por la gente del MAS.
Ante el ataque de grupos violentos organizados, hago nuevamente un vehemente llamado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para que en cumplimiento de su mandato constitucional protejan a la ciudadanía y garanticen la integridad y la vida de las personas.— Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag)
November 11, 2019 La presunta comisión de delitos electorales del pasado 20 de octubre ya tiene a sus dos primeras víctimas, la Policía boliviana detuvo el domingo por la noche a la presidenta y el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Maria Eugenia Choque y Antonio Costas, después de que ambos renunciaran a sus respectivos cargos, uniéndose a la cascada de dimisiones de cargos afines al Ejecutivo de Morales. El arresto se ha producido siguiendo las órdenes emitidas por el Ministerio Público, según ha indicado la agencia de noticias boliviana ABI.
Como se esperaba, una decena de altos cargos han renunciado, entre ellos el vicepresidente, Álvaro García Linera, que lo hizo con la misma inmediatez que el presidente de la Repúbica; la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra; y los ministros de Minería, Deportes, Hidrocraburos, Medio Ambiente y Agua, y Economía. A esa lista se le unen diputados y viceministros del seno del Gobierno.
Ante el vacío de poder en Bolivia, el poder Legislativo debe reconducir el rumbo del país. La Constitución de 2009 estipula que ante la ausencia del presidente, el presidente del Senado será quien lo reemplace en el cargo. En caso de impedimento, recaerá en el presidente de la Cámara de Diputados que deberá convocar elecciones en un plazo de 90 días.
