Wenzhou fue detenida en Vancouver a comienzos de diciembre del año pasado, en una parada en un viaje a México, por una orden de arresto emitida por EE.UU. Las autoridades estadounidenses le acusan de violar el régimen de sanciones económicas con Irán. El pasado enero, el entonces fiscal general interino de EE.UU., Matt Whitaker, presentó trece cargos que afectaban a Huawei, una de sus filiales y a Meng en relación a ese asunto. Pero las autoridades de EE.UU. también consideran a Huawei una amenaza de espionaje y le acusan de robar propiedad intelectual.
La vista en el tribunal de Vancouver estaba dedicada a fijar la fecha para el juicio de extradición: finalmente no se estableció el inicio del procedimiento, pero se sabe que se ha alargado al menos hasta el 8 de mayo para que las partes tengan tiempo de acceder a la información que solicitan. Ayer, sin embargo, ya se vio el potencial explosivo que tendrá el juicio., por el que China ya ha acusado a Canadá de «persecución política». Uno de los abogados de Meng, Richard Peck, aseguró ante el juez que el caso tiene «carácter y motivaciones políticas» y citó para justificarlo los «comentario del presidente de EE.UU.», al respecto.
Por un lado, desde China se critica que la detención y procesamiento en EE.UU, de Meng forma parte de la batalla económica entre ambos países. Pero, por el otro, Donald Trump deslizó en una entrevista en diciembre -diez días después de la detención de Meng- que «sin duda intervendré si creo que es necesario», en referencia a una interferencia en el caso «si es bueno para el que será el mayor acuerdo comercial de la historia». Pero una intervención presidencial provocaría una tormenta política interna para Trump.
Dentro de la batalla judicial y política, varios medios estadounidenses publicaron esta semana que Huawei pretende demandar al Gobierno de EE.UU. por impedir a los organismos federal el uso de su equipamiento tecnológico. La demanda está prevista que se presente esta semana en Texas, donde la compañía china tiene su sede en EE.UU.
