Las negociaciones están en su inevitable recta final y todos los actores asumen que deberá haber un desenlace antes de mañana, domingo por la noche, cuando será necesario anunciar ya sea que ya hay un acuerdo o asumir que el 1 de enero se terminan todas las conexiones legales entre el Reino Unido y el continente. Es lo que el negociador europeo Michel Barnier definió ayer como «el momento de la verdad».
División entre los conservadores
Frente a esta situación, en el seno del Partido Conservador de Johnson las opiniones se dividen entre quienes creen que es urgente alcanzar un pacto y aquellos que apremian al primer ministro para que no ceda a las presiones, ni siquiera ahora que el país se asoma al abismo de la desconexión económica. Entre estos últimos, informa desde Londres Ivannia Salazar, está el diputado John Baron, que hace un par de días declaró a la prensa local que sería mucho mejor que el «premier» se alejara de la mesa de negociaciones que firmar algo de lo que luego se arrepienta. «Es mejor que no haya acuerdo a que haya un mal acuerdo», aseguró, en línea con lo que piensan otros partidarios de un Brexit duro, tanto dentro como fuera de los conservadores. Estos temores de los más radicales a que Johnson sea capaz de aflojar a última hora y dejar que se rebasen lo que hasta ahora habían sido líneas rojas, es lo que hace pensar en Bruselas que la suerte de un posible pacto acabe siendo la misma que sufrió el acuerdo de retirada, que necesitó tres votaciones en el Parlamento y un cambio de Gobierno.
Sin embargo, ahora mismo en las instituciones comunitarias no hay más objetivo que llegar a ese acuerdo en las pocas horas que quedan para que pudiera ser formalmente aprobado y ratificado de modo que se evite la incertidumbre de la separación sin red a partir del próximo 1 de enero. Ayer por la mañana, Barnier compareció ante los diputados en la que tal vez haya sido su última intervención de este tipo. En enero cumplirá 70 años, por lo que a 31 de ese mes la Comisión está obligada a jubilarlo según sus propias reglas. Si no hubiera acuerdo, probablemente no podrá seguir en el puesto de negociador, y, si lo hubiera, también perderá su trabajo por falta de actividad. Después de una larguísima y fructífera carrera de político y funcionario público tanto en Francia como en la Unión Europea, Barnier tenía ayer un aspecto cansado y envejecido, probablemente debido en parte a la intensidad del trabajo en esta recta final.
«El Reino Unido saldrá el 1 de enero del mercado interior y de la unión aduanera, en cosa de horas se decide si va a ser con o sin acuerdo», recordó al explicar que digan lo que digan los más radicales desde Londres, lo que se está negociando es «el acuerdo de libre comercio más amplio que jamás hayamos ofrecido a nadie».
Siguen los obstáculos
Sin embargo, los obstáculos siguen estando donde estaban, especialmente en el capítulo de la pesca. «El Reino Unido quiere tener la potestad de expulsar cuando quiera a la flota europea de sus aguas soberanas a partir del primer momento. Nosotros decimos que en tal caso queremos tener la potestad de responder con otras medidas como impedir la venta en el mercado europeo de los productos de la pesca de los barcos británicos. Sería injusto -y yo lo creo así personalmente- que toda la industria tenga un periodo transitorio para adaptarse a la nueva situación, salvo los pescadores».
El matiz de que cree «personalmente» en la pertinencia de esta reivindicación venía al cuento porque se sabe que Francia, su propio país, es el que ha amenazado con vetar el acuerdo si no se resuelve antes el tema de los pescadores, aunque en las últimas semanas el presidente Emmanuel Macron se ha abstenido siquiera de hablar por teléfono con Johnson, a pesar de que este último lo ha intentado varias veces.
En fin, mientras los negociadores siguen dando vueltas a los mismos temas que han desmenuzado en los últimos meses, buscando matices y encajes de última hora, no cabe sino recordar las primeras palabras que transmitió Barnier cuando fue nombrado y que pronunció en inglés, una lengua que entonces, en 2016, no dominaba con la comodidad con la que ya lo hace ahora: «The clock is ticking» dijo, algo así como «el tiempo vuela». Han pasado más de cuatro años entre una cosa y otra y el drama final del Brexit se va a decidir en los últimos dos días. El domingo sabremos si aquel referéndum fue un error desgraciado o una catástrofe mayúscula, sobre todo para el Reino Unido.
La Eurocámara aprueba las medidas de contingencia
El Parlamento Europeo aprobó ayer el paquete de medidas de contingencia para evitar la interrupción del transporte aéreo y por carretera con el Reino Unido y también para extender las cuotas pesqueras vigentes, pensando en la eventualidad de que no se llegase a un acuerdo en las negociaciones sobre un acuerdo comercial que regule las relaciones futuras. Las medidas han sido diseñadas por la Comisión Europea y preparadas desde hace semanas, con la intención de preservar un mecanismo legal que permita mantener un mínimo de normalidad en las relaciones económicas y sociales de Gran Bretaña con Europa, aunque, como es natural, su entrada en vigor depende de que las autoridades británicas acepten las mismas medidas.
Se trata de elementos tan banales como la validez de los seguros de coches y camiones o incluso su autorización para circular en las carreteras europeas, puesto que si no hubiera un acuerdo se convertirían de repente en ilegales o alegales. También se propone que se prorroguen las condiciones en las que se llevan a cabo actualmente los vuelos comerciales o incluso la validez de ciertas piezas de los aviones, cuya certificación dejará de tener equivalencias a partir del 1 de enero salvo que se firme otro acuerdo en el que se mantengan.
La Comisión no ha querido dar mucha relevancia a las medidas para no alentar la opción del no acuerdo, que de todos modos es real y tiene partidarios entre los votantes más acérrimos de la salida de la UE. La Unión fue la que impuso que el proceso de separación tenía que pasar primero por la negociación del divorcio y que solo aceptaría negociar las condiciones de la nueva relación con un Reino Unido que jurídicamente estuviese definitivamente fuera de las instituciones.
