El fiscal general de Texas, Ken Paxton -leal a Trump-, interpuso una demanda para que no contar el resultado de las urnas en cuatro estados decisivos en los que perdió el presidente: Georgia, Míchigan, Pensilvania y Wisconsin. Pedía que, en su lugar, las asambleas legislativas de cada estado -controladas por republicanos – eligieran a sus miembros del Colegio Electoral, los compromisarios que eligen al presidente de EE.UU.
Era la última embestida de Trump y los aliados que defienden que hubo un «fraude masivo» y «robo electoral», sin que hayan presentado pruebas consistentes. Antes de ello, hubo presiones a las autoridades de los estados decisivos para evitar la certificación de los resultados, intentos de que las asambleas legislativas estatales se salten la voluntad popular y manden por su cuenta a los electores que eligen a los presidentes y multitud de demandas. La justicia -incluidos varios tribunales supremos estatales- ha rechazado con insistencia estas acciones legales en medio centenar de casos. También el propio Supremo, esta misma semana, contra la intención de certificar los resultados en Pensilvania, que dieron ganador a Biden.
La demanda de Texas se convirtió en un ejercicio de lealtad al líder. Trump lleva días pidiendo «sabiduría y coraje» a los jueces y a los republicanos para que se sumaran a su ofensiva. La apoyaron los fiscales de 18 estados republicanos y 126 diputados republicanos de la Cámara de Representantes. Ayer, antes de la decisión del Supremo, Trump calificaba la demanda como «la grande» entre sus muchas ofensivas legales.
El Supremo la rechazó de un plumazo, con un escrito breve en el que simplemente dice que «Texas no ha demostrado un interés reconocible judicialmente en la forma en la que otro estado celebra sus elecciones».
Trump ha encajado derrotas abrumadoras en su intento por dar la vuelta a las elecciones. El máximo responsable de ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional de su Gobierno, Christopher Krebs, aseguró que habían sido las elecciones «más seguras» de la historia del país (fue despedido poco después). William Barr, su fiscal general y uno de sus principales apoyos, tuvo que reconocer que el Departamento de Justicia no había encontrado ninguna evidencia de fraude masivo.
Ahora el Supremo no cambia lo que es evidente desde el recuento: Biden ganó las elecciones. Las opciones judiciales se esfuman para Trump, pero queda la fuerte erosión al sistema democrático de su intento, sin más base que salvar la cara y preparar su próxima aventura política, de dar la vuelta a la voluntad popular.
