Así se lo habían notificados los agentes de dicho centro cuando intentó el miércoles, por segundo día consecutivo, ver a Camila y hacerle llegar algunos objetos personales. «Me mintieron», denuncia Orlando, que tras trasladarse a la nueva dirección, tuvo que esperar varias horas hasta que le dijeron algo del verdadero paradero de su hija. Recuerda que el escenario que se encontró allí era más propio «de la Segunda Guerra Mundial» que del siglo XXI. «Había muchas mesas, muchas listas en las que los nombres estaban mal puestos. Si me lo hubieran dicho, no me lo hubiera creído. Por lo menos ahora sé dónde está mi hija», declara a ABC algo más tranquilo después de días de angustia. Relata que al llegar al centro preguntó por el nombre de su hija, y este no aparecía. «El caos era tan grande. Parecía que estaban jugando conmigo». La orden que tenían, según le confesarían después, «era decir que ella no estaba allí».
La situación surrealista y desesperada llevó a Orlando a enfrentarse a los agentes y decirles que si no le decían dónde se encontraba su hija «denunciaría que estaba desaparecida». Tras lanzar este ultimátum, enfiló la salida y comenzó su regreso en coche. «Entonces me mandaron varios patrulleros para interceptarnos. Me llevaron al centro y me dijeron que podían decirme dónde estaba Camila». La periodista independiente cubana había sido trasladada a la estación policial 10 de octubre, uno de los centros -junto con la estación Capri, el Vivac y 100 y Aldabó, cuartel general de la Dirección Técnica de la Policía Nacional- donde han sido trasladados decenas de detenidos esta semana.
Orlando de nuevo volvió a montar en el coche y se dirigió hacia este nuevo destino, «donde ya me estaban esperando, como si me conocieran». Allí le trataron mejor, admite. «Me permitieron dejar los objetos que llevaba para mi hija, aunque me faltaban algunos, como unas chanclas», se lamenta. Sin embargo, no pudo verla. La familia no ha tenido ninguna comunicación con la periodista desde su arresto. Acosta podrá realizar su primera llamada telefónica el próximo lunes, según le indicaron al padre. «Le dejarán hablar cinco minutos». Ese día se cumplirá una semana del arresto y de la investigación abierta contra ella, en la que ha sido acusada de «desacato» y «desorden público» por grabar las protestas que se produjeron en La Habana el pasado domingo.
Consultada Prisoners Defenders (PD), ONG que está monitorizando las detenciones y desapariciones durante las manifestaciones, Camila estaría, sin embargo, en la condición de desaparecida «mientras la familia no reciba una notificación oficial de su paradero», explica a ABC su presidente, Javier Larrondo. El comite de desapariciones forzosas de la ONU aceptó ayer como válido un informe de PD que documenta 187 desapariciones forzosas fruto de la represión del régimen para acallar este histórico estallido social.
