París no ve base legal para ser acusada por el genocidio ruandés

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La complicidad directa o indirecta de Francia en el genocidio de la mayoría Hutu contra la minoría Tutsi, en Ruanda, en 1994, que se saldó con un millón de personas asesinadas y centenares de millares de mujeres violadas, quedará previsiblemente sin juzgar.

Tras varios años de intentos de proceso jurídico e incontables polémicas, intentando enterrar una página sombría de la diplomacia nacional, el fiscal del Tribunal de París pidió ayer el sobreseimiento general de todas las acusaciones que pesaban sobre los cinco oficiales más importantes de la Operación Turquesa, aprobada por la ONU, «para poner fin a las masacres de Ruanda, allí donde sea posible, incluso haciendo uso de la fuerza».

En su día, a primeros de 1994, la comunidad internacional siguió con pavor la guerra civil, en Ruanda, que comenzó con el intento de genocidio de la minoría Tutsi, perseguida por la mayoría Hutu, cuyo gobierno era un aliado tradicional de Francia.

El presidente Mitterrand, su primer ministro de la época, Édouard Balladur, y su ministro de Asuntos exteriores, Alain Juppé, montaron la Operación Turquesa: 2.500 soldados, bien pertrechados fueron enviados a Ruanda para poner fin a la guerra civil. O llegaron tarde. O no cumplieron con su misión. O ambas cosas. Los portavoces oficiales de la diplomacia francesa estiman que Francia «no es culpable de nada». Los testigos, supervivientes, organizaciones humanitarias, historiadores, llevan varias décadas acumulando pliegos de cargo. En vano.

Entre el 7 de abril y el 17 de julio de 1994, las bandas de criminales, las bandas del soldados del régimen aliado de Francia y otras bandas de distinta sensibilidad (criminales creyentes en su supremacía étnica) asesinaron a varios centenares de miles de tutsis. ¿500.000? ¿800.000? ¿1.000.000? Los historiadores han contado con pavor los incontables rostros de esas matanzas: a cuchilladas, a tiros, precedidas de la violación de mujeres y niñas… abandonados los cadáveres a su putrefacción, en la selva. Con ese proyecto de genocidio culminaba una pavorosa guerra civil étnica en un Estado multicultural, entre protegido y aliado de Francia.

La fiscalía del Tribunal de París ha pedido que su caso sea sobreseído, a falta de pruebas. La acusación reclama, desde hace años, nuevas investigaciones para poder confirmar sospechas manchadas de sangre. El Tribunal podrá aceptar o no aceptar esa propuesta. Pero todo parece sugerir que esa página negra de la diplomacia nacional quedará enterrada en el corazón más impenetrable del continente africano.