Alerta mundial ante el nuevo giro dictatorial de Bukele en El Salvador

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El presidente de El Salvador ha sido amonestado por Estados Unidos, la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea por lo que estos consideran una clara deriva autoritaria. La Asamblea Legislativa del país, que controla el partido de Nayib Bukele, Nuevas Ideas, destituyó el sábado a todos los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, después de que estos fallaran en contra de algunas de las medidas más duras tomadas por el mandatario para sortear los efectos de la pandemia.

El nuevo Congreso se había conformado unas horas antes, tras las elecciones de febrero. Nuevas Ideas, beneficiado por la popularidad de Bukele, tiene ahora 56 escaños de 84, una mayoría aplastante. Inmediatamente tras asumir el cargo, los parlamentarios aceptaron con 64 votos a favor, 19 en contra y un ausente, destituir a los cinco jueces titulares y a otros tantos suplentes de la máxima instancia judicial del país de 6,4 millones de habitantes, que recibe unos 85 millones de dólares anuales de ayudas estadounidenses, según la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Momentos después, los nuevos legisladores presentaron una moción para relevar del cargo al fiscal general, Raúl Melara, también aprobada por mayoría absoluta. Los jueces destituidos son José Óscar Armando Pineda, Aldo Enrique Cáder, Carlos Sergio Avilés, Carlos Ernesto Sánchez y Marina de Jesús Marenco. Así, Bukele y su partido se aseguran además del ejecutivo y legislativo, un judicial afín.

Inmediatamente, la misma Corte Suprema emitió de urgencia un fallo en el que invalida el voto, pues «es inconstitucional, debido a que viola la independencia judicial. En primer lugar, es una destitución que no está precedida por las garantías procesales necesarias para asegurarla; y en segundo lugar, incluso si hubiese estado precedida por un proceso, afecta la dimensión externa de dicho principio formal, que exige la ausencia de presiones por parte de los demás Órganos del Estado».

Aun así, el domingo el congreso de El Salvador aprobó por la vía rápida un nuevo fiscal general, Rodolfo Antonio Delgado, quien momentos después juró el cargo, como lo hicieron los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia: Héctor Nahum, José Ángel Pérez, Elsy Dueñas, Luis Javier Suárez y Oscar Alberto López.

EE.UU decidió que debía intervenir ante esta maniobra de Bukele y sus socios. El secretario de estado de EE.UU., Antony Blinken, llamó al presidente salvadoreño para transmitirle su «profunda preocupación» por la decisión, y señalar que «un poder judicial independiente es esencial para la gobernabilidad democrática», según anunció la diplomacia norteamericana en un comunicado.

La vicepresidenta Kamala Harris también rechazó la maniobra. «Nos preocupa profundamente la democracia de El Salvador, a la luz de la votación de la Asamblea Nacional para destituir a los jueces del tribunal constitucional. Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana, y para una economía fuerte», dijo en Twitter.

Luis Almagro, secretario general de la OEA, también criticó la decisión en un comunicado. «En la democracia las mayorías tienen la responsabilidad de ser garantes fundamentales para asegurar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos», dijo.

Por su parte, el alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, dijo ayer que en Salvador comienza a peligrar «el funcionamiento del Estado de derecho». «La seguridad jurídica y fiscal de los magistrados en el ejercicio de sus funciones debe ser plenamente garantizada», agregó el alto representante.

La pandemia ha provocado sonados desencuentros entre Bukele y el poder judicial. En junio del año pasado, la Corte Suprema declaró inconstitucional un decreto presidencial que declaraba una cuarentena nacional por el coronavirus. Bukele respondió que el judicial preferiría «asesinar a decenas de miles de salvadoreños». Después, el legislativo, que aun no controlaba el partido de Bukele, aprobó su propia ley para organizar las medidas de excepción por la pandemia, pero Bukele la vetó porque consideraba que se entrometía en sus atribuciones. El mismo Supremo anuló su veto en enero y le obligó a validar la ley, algo a lo que el presidente se resistió.

Antes de las elecciones de este año, Bukele tuvo también graves encontronazos con un legislativo que operaba de forma independiente. Hace un año, antes de que golpeara la pandemia, Bukele dio un ultimátum a la Asamblea Legislativa para que aprobara un préstamo para seguridad, tras hacer una insólita comparecencia en un Congreso al que poco antes habían entrado militares armados. Desde el púlpito, Bukele amenazó a los diputados con llamar al pueblo a la insurrección si no cumplían sus órdenes.