Prorogation

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Prorogation se ha convertido en destacada aspirante a palabra del año en inglés. Se trata del término utilizado para describir la conclusión formal de una sesión parlamentaria (equivalente a una Legislatura) en el Reino Unido. En la jerga de Westminster se dice que el Parlamento permanece «prorrogado» entre el final de una sesión y la ceremonia de apertura formal que marca el comienzo de una nueva sesión.

Sin disolver el Parlamento ni poder convocar nuevas elecciones, a falta de una súper-mayoría de dos tercios en la Cámara de los Comunes que de momento no existe, Boris Johnson ha forzado desde la noche del 9 de septiembre la suspensión del Legislativo británico durante cinco semanas críticas en la batalla campal ante el plazo del 31 de octubre para el Brexit.

La suspensión ha sido cuestionada como un abuso y llevada a los tribunales. Aunque no hace falta rebuscar mucho en la propia web del Parlamento británico (www.parliament. uk) para encontrarse con espesos antecedentes autoritarios: «En siglos pasados, el Soberano utilizó el poder de la prórroga para sus propios fines, tanto convocando al Parlamento para que autorizara impuestos, como prorrogándolo para limitar sus actividades y poder».

Ayer, el Alto Tribunal de Escocia ha declarado ilegal la suspensión del Parlamento con el argumento de estar motivada impropiamente para «obstaculizar la tarea del Parlamento». Con el recordatorio de que el control del Ejecutivo por parte del Legislativo «es un pilar central en los principios de buen gobierno» consagrados en la constitución no escrita del Reino Unido. La sentencia escocesa contrasta con la decisión adoptada la semana pasada por el Alto Tribunal de Londres. Conocido ayer en su integridad, este fallo considera que suspender el Parlamento es una decisión «intrínsecamente política» no susceptible de ser judicializada. Estas contradicciones, más un tercer caso en Belfast, serán vistos la próxima semana por el Supremo del Reino Unido. Todavía con jurisdicción sobre Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte, esos magistrados tendrán que decidir si Boris puede o no puede tratar al Parlamento como una inconveniencia.