El Gobierno aprueba una reforma «urgente» para combatir la precariedad de los científicos

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El Gobierno acaba de aprobar el Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la innovación y la universidad. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha presentado un paquete de diez cambios legislativos que tienen como principal objetivo flexibilizar y mejorar el funcionamiento de los centros de investigación y las universidades para hacerlos más competitivos. También pretende agilizar la contratación del personal en dichos centros y facilitar su incorporación a contratos indefinidos.

Estas medidas, según Pedro Duque, pretenden «levantar las cadenas que impiden que se usen correctamente todos los resortes existentes en el sistema de ciencia, incluyendo los fondos». Según ha dicho, «son reformas que solucionan necesidades que unánimemente nos han estado expresando gerentes de la ciencia, científicos y alumnos».

Estas necesidades son, entre otras, aliviar la carga administrativa que dificulta los proyectos científicos y hacía perder aquellos que se asignaban en concurrencia competitiva, los retrasos en las convocatorias o combatir la precariedad de los contratos: «Esta es una de las bolsas de la administración donde hay una mayor precariedad», ha apuntado el ministro en la rueda de prensa.

Además, el Real Decreto-Ley también pretende reforzar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, al combatir la desventaja a la que se enfrentan los investigadores que tienen familia y que se dan de baja para cuidar a sus allegados, lo que afecta especialmente a las primeras.

Facilitar los contratos indefinidos
El paquete de medidas presentado hoy hace especial hincapié en tratar de agilizar la contratación de los investigadores y en facilitar su incorporación a contratos indefinidos. El Real Decreto-Ley modifica la Ley de la Ciencia de 2011 para que los centros de investigación y universidades puedan contratar personal de forma indefinida con cargo a proyectos que tengan financiación específica, creando una figura que no existía hasta ahora.

Además, el Real Decreto-Ley permitirá a los Organismos Públicos de Investigación (OPIs), como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), elaborar informes-tipo anuales para todas las contrataciones previstas, sustituyendo así a los informes individualizados.

Estas medidas se suman a un Real Decreto de oferta extraordinaria de empleo público aprobado el 25 de enero de 2019 en el Consejo de Ministros, y que supuso la estabilización de 1.454 plazas temporales en OPIs. En la actualidad, muchos investigadores trabajan bajo contratos temporales y de obra y servicio, para proyectos y tareas concretas, que han de ir concatenando.

En este sentido, en una carta abierta firmada por 260 investigadores en marzo de 2018, Julio Cárabe, secretario general de uno de estos OPIs, el Ciemat (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), los científicos denunciaron una situación en la que alrededor del 20% del personal está en situación precaria, con contratos laborales temporales.

Agilizar la burocracia
El Real Decreto-Ley se centra también en reducir las cargas burocráticas y los plazos que dificultan del desarrollo de los proyectos científicos. La reforma sustituye la intervención previa en los OPIs por el control financiero permanente. Esta medida pretende evitar los retrasos causados por los plazos administrativos a la hora de solicitar autorizaciones para ejecutar los presupuestos, por ejemplo, para comprar instrumentos o contratar investigadores.

En este mismo sentido, la ley le permitirá a centros y universidades ejecutar contratos menores de servicios y suministros de importes de hasta 50.000 euros. Hasta ahora, las compras por encima de 12.000 euros requerían de concursos públicos que retrasaban la compra de equipos.

En la carta abierta firmada por los 260 investigadores del Ciemat, el personal denunció una «batería de normas administrativas de control y fiscalización de su actividad» que, por no estar diseñadas para el singular funcionamiento de los centros de investigación, «causan de facto la imposibilidad práctica de formalizar los convenios, dilatan los tiempos, dificultan la ejecución de la inversión y la actividad y requieren unos recursos de gestión de los que no se dispone», escribió Julio Cárabe.

Maternidad y paternidad
El Real Decreto-Ley también modifica la Ley de la Ciencia de 2011 con la finalidad de que los investigadores en situaciones de maternidad y paternidad, o bien de incapacidad temporal, no sean discriminados en procesos de selección y evaluación de su actividad científica. La medida busca lograrlo descontando los periodos de inactividad en los procesos de evaluación.

Otra de las medidas pretende aliviar a los afectados por los préstamos Renta-Universidad, estudiantes que solicitaron créditos para costearse la carrera. Estos tendrán que comenzar a devolver sus créditos cuando alcancen unos ingresos de 22.000 euros anuales, y dispondrán de 15 años para hacerlo. El Gobierno prevé que se beneficien de esta medida hasta 12.000 jóvenes que están pendientes de la devolución de estos créditos.

Además, la nueva regulación permitirá a la Agencia Estatal de Investigación contar con más medios externos para reducir los plazos en los procesos de comprobación de las subvenciones en proyectos de investigación.

También se modifica la Ley de la Ciencia de 2011 para ampliar la duración de los convenios de investigación hasta los 17 años para centros, institutos, así como consorcios españoles y europeos. El objetivo es facilitar la amortización de las inversiones.

Agilizar las operaciones de crédito
El Real Decreto-Ley también le permitirá a centros de investigación, consorcios y fundaciones concertar operaciones de crédito directamente, siempre que se financien con cargo al Fondo Europeo de Desarrolo Regional o al Fondo Social Europeo. Se pretende así, una vez más, evitar los retrasos en la adquisión de aparatos y en la realización de obras y reformas en los centros de investigación, la reparación de buques oceanográficos o la ampliación de grandes instalaciones científicas.

Por último, la reforma le permitirá a Parques Científicos y Tecnológicos aplazar las cuotas de amortización de lo adeudado en convocatorias gestionadas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, siempre que puedan acreditar encontrarse en una situación financiera que les impida cumplir con sus obligaciones en el pago de préstamos o anticipos.

Cautela desde las sociedades científicas españolas
A falta de valorar el alcance real del paquete de medidas anunciado hoy, el presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), Nazario Martín, ha hecho hincapié en la necesidad de agilizar la ciencia española.

«COSCE viene alertando hace meses sobre las dificultades crecientes de gestión que el sistema de ciencia debe afrontar por una reglamentación y legislación inadecuada», ha explicado Martín a este periódico. «Hemos denunciado y trasladado repetidamente esta situación tanto al Ejecutivo como al Congreso, con escaso éxito hasta ahora, por lo que cualquier rectificación al respecto será bienvenida».

Sin embargo, el presidente de la COSCE ha alertado de la necesidad de emprender cambios profundos que puedan equiparar a España a los países de nuestro entorno. «No proponemos nada que no esté probado y ejecutado hasta la saciedad», ha apuntado.

Estas propuestas están reflejadas en un Manifiesto por la Ciencia en el que la COSCE aboga por la firma de un Pacto de Estado por la Ciencia, la puesta en marcha de un ente independiente de la Administración, la integración de la ciencia en la agenda política y el reconocimiento del protagonismo y responsabilidad que esta debe ejercer en la gestión política, mediante la institución de un plenario anual en el Congreso de los Diputados dedicado exclusivamente a la ciencia.