El expresidente de Sudán ha sido trasladado a una prisión de máxima seguridad

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El paradero del expresidente de Sudán, Omar al-Bashir, ha sido un enigma desde que fuera derrocado tras un golpe militar el 11 de abril después de cuatro meses de protestas contra su régimen. Las Fuerzas Armadas anunciaron entonces que el líder sudanés se encontraba en un «lugar seguro» fuertemente custodiado por el Ejército. A pesar de no ofrecer más detalles, las informaciones apuntaban a que el veterano líder estuvo retenido –hasta ayer- en la residencia presidencial ubicada en el mismo complejo que el ministerio de Defensa. De ahí, Bashir fue trasladado la noche del martes a la prisión de Kober al norte de la capital, Jartum, y se encontraría en régimen de aislamiento, según contó un allegado del líder a Reuters.

Los testigos dijeron que hubo un gran despliegue de soldados y miembros de grupos paramilitares fuera de la prisión de Kober, un correccional de máxima seguridad construido por los británicos durante el período colonial y que alberga a prisioneros políticos. «Hay tropas y vehículos con ametralladoras cerca de la prisión», indicó un testigo a AFP.

Uganda ofrece asilo a Bashir
Mientras, el ministro de Exteriores de Uganda, Okello Oryem, dijo el miércoles que consideraría ofrecer asilo al derrocado líder sudanés a pesar de la orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra y contra la humanidad. «Uganda no se disculparía en absoluto por considerar una solicitud de Bashir», dijo a Reuters Oryem, quien confirmó que el líder sudanés todavía no se había comunicado con el Gobierno de Uganda para buscar un posible refugio. El presidente ugandés, Yoweri Museveni, criticó en el pasado a la CPI, describiéndola como una herramienta de la justicia occidental contra los africanos, y prometió movilizar a los países del continente para que se retiren del tratado fundacional de la corte.

Bahir se enfrenta a acusaciones por la muerte de aproximadamente 300,000 personas durante una insurgencia en la región occidental de Darfur en Sudán en 2009. Aunque el CPI no se haya pronunciado todavía sobre el tema, sus estados miembros (que incluyen a Uganda) están obligados a entregar a los acusados que ingresen en su territorio.

Por su parte, el consejo militar dijo que no extraditaría a Bashir aunque no cerraba las puertas a que fuera juzgado en Sudán por delitos cometidos durante sus 30 años como presidente.

Nuevo gobierno en 15 días
Tras deponer a Bashir el jueves, los militares disolvieron el gobierno y anunciaron que un consejo militar dirigiría el país durante dos años, lo que provocó una reacción inmediata de los líderes de la protesta. Un día después, el ex ministro de Defensa, el General Awad Ibn Ouf, renunció como jefe de la junta militar. Su sucesor, el general Abdel Fattah al-Burhan, se «ha comprometido a tener un gobierno civil completo y ha pedido a otras naciones que respalden el consejo», dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Sudán. Sin embargo, la Unión Africana (UA) amenazó el martes con revocar la membresía de Sudán a menos que los militares del país establezcan un gobierno civil en 15 días. Mientras, las Naciones Unidas designaron a un nuevo enviado para trabajar con la UA para mediar en el fin de la crisis sudanesa.

Por su parte, Estados Unidos ha reiterado que es importante que se respete la voluntad de la gente y que se permita una transición pacífica al pueblo sudanés. La administración de Donald Trump ha asegurado que no retirará a Sudán de la lista de patrocinadores del terrorismo hasta que los militares dejen el poder. El país africano fue incorporado a dicha lista en 1993 bajo el mandato del Bill Clinton, y lo aisló de los mercados financieros del mundo. En 2017, Washington levantó el embargo comercial que duro 20 años.

Siguen las protestas
La detención de Bashir no calmó los ánimos de los manifestantes que iniciaron las protestas contra el gobierno en diciembre y que alcanzaron su punto álgido el 6 de abril cuando miles de sudaneses acamparon frente al ministerio de Defensa y la residencia presidencial.

A pesar de las pequeñas concesiones que han hecho los militares en la última semana, las protestas van a continuar hasta que haya un gobierno civil legítimo y el veterano líder sudanés responda ante la justicia por sus crímenes. «Ahora tememos que nuestra revolución pueda ser robada, por eso mantenemos nuestra posición aquí. Nos quedamos aquí hasta que se cumplan nuestras demandas», dijo dijo la manifestante Fadia Khalaf a la AFP.

Las autoridades indicaron que al menos 65 personas murieron durante las protestas desde diciembre.